Antonio José Entrena Utrilla
La inclusión educativa del alumnado de origen migrante no depende únicamente de las prácticas de acogida, del apoyo lingüístico o de la convivencia que ofrece cada centro. También está condicionada por la distribución del alumnado entre escuelas, zonas y redes de titularidad. Este artículo analiza la segregación escolar por origen migrante en España como un problema de justicia educativa y de responsabilidad institucional. Mediante una revisión reflexiva y documental de estadísticas oficiales, estudios académicos, informes de organismos públicos y literatura reciente, se distinguen nacionalidad, lugar de nacimiento y origen migrante; se examinan las diferencias entre la red pública y la concertada, la concentración territorial y la matrícula sobrevenida; y se discuten sus asociaciones con el acceso al currículo, las expectativas, los recursos y la pertenencia. La evidencia no permite atribuir mecánicamente peores resultados a la concentración ni confundir correlación con causalidad: el nivel socioeconómico, la lengua de escolarización y la trayectoria previa explican una parte sustancial de las brechas. Sin embargo, la acumulación de necesidades en determinados centros sí plantea una cuestión distributiva. Desde la pedagogía de la alteridad, la acogida ética no puede quedar confiada a la buena voluntad de docentes o escuelas concretas: exige reglas de admisión justas, reserva de plazas ajustada, gestión equitativa de la matrícula viva, gratuidad efectiva, financiación vinculada a la complejidad y evaluación pública de la segregación. Se concluye que libertad de elección y equidad no tienen por qué concebirse como principios incompatibles, pero requieren instituciones que hagan posible una libertad real para todas las familias.