Daniel Martínez Cristóbal
Contexto: El uso generalizado de la Inteligencia Artificial (IA) representa un desafío sin precedentes al modelo tradicional de Estado de Derecho, impulsando una transición hacia un modelo de Estado algorítmico. En este nuevo escenario, la prioridad otorgada a la eficiencia tecnológica pone en grave riesgo derechos fundamentales consolidados. Objetivos: Analizar las tensiones sociojurídicas derivadas de la automatización de decisiones, evaluando de manera rigurosa la resiliencia del ordenamiento constitucional español y del marco normativo europeo frente a la creciente indefensión algorítmica. Metodología: Se emplea un análisis dogmático y sociojurídico de la Constitución Española, el Reglamento Europeo de IA (AI Act) y la incipiente labor de agencias supervisoras como la AESIA. El estudio se centra en el obstáculo técnico-jurídico de la caja negra y el sesgo algorítmico. Resultados: Se evidencia un conflicto estructural entre los sistemas predictivos de alto riesgo y los derechos fundamentales. Destaca la vulneración de la intimidad por el procesamiento extractivista de datos y del principio de igualdad mediante una discriminación indirecta camuflada a través de variables subrogadas (proxies). Asimismo, la opacidad tecnológica, escudada en el secreto empresarial, genera una asimetría informativa para la ciudadanía. Conclusiones: Es imperativo promover una reinterpretación constitucional garantista que consagre la transparencia algorítmica y la reserva de humanidad. La tutela judicial efectiva exige redefinir la gobernanza tecnológica, garantizando un control socio-legal y una supervisión humana ineludible sobre las decisiones automatizadas.